Organizaciones de la Sociedad Civil contra la corrupcion alertan sobre comportamiento del Juez Levis Orellana en el caso Francisco Flores

Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), como parte de las Organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción, ante los recientes sucesos relacionados al manejo del proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores, EXPRESAMOS:

Como organizaciones de la sociedad civil dedicadas al fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la vigilancia del debido proceso y la transparencia como herramienta para prevenir y combatir la corrupción, nos encontramos satisfechos con el acuerdo tomada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno, mediante el cual ordenó el traslado del proceso penal instruido contra el expresidente Francisco Flores, del Juzgado 1° de Instrucción al Juzgado 7° de Instrucción ambos de la jurisdicción de San Salvador. Dicha medida se debió a la conducta mostrada por el Juez LevisItalmir Orellana durante los meses que han transcurrido de la etapa de instrucción y en específico al incumplimiento de su deber al momento de remitir el informe solicitado por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Lic. David Morales, acerca de la medida del arresto domiciliar dictada a favor del imputado.

Las Organizaciones Sociales hemos venido denunciando y evidenciando que la conducta del Juez Orellana atentaba contra los principios de imparcialidad e independencia judicial que deben caracterizar a los jueces y juezas en la administración de justicia; por lo que consideramos que dicha resoluciónde parte de la Corte en pleno, demuestra que la institucionalidad del país está avanzando conforme a la Constitución y a lo que la norma establecen, en especial en lo concerniente a la aplicación de los respectivos procesos administrativos sancionatorios a funcionarios judiciales cuando estos incumplan las normas del debido proceso.

No obstante lo anterior, también debemos denunciar las declaraciones efectuadas por el Juez 1° de Instrucción de San Salvador, en el marco del desarrollo de la Audiencia especial contra la parte querellante desarrollada este día, en la que manifestó expresamente que: “Ya ni me interesan las consecuencias y no tiene sentido este proceso, por lo que no voy a someterlos a ninguna sanción”, evidencian una falta de responsabilidad profesional por parte del juzgador, dejando claro que su decisión de no sancionar a los querellantes –o de sancionarlos, en su caso, se debía a juicios muy personales, sin tener fundamentos técnico-jurídicos.

Así mismo el Juez Orellana manifestó que: “Estoy convencido que sus actuaciones no se deben a negligencia sino a ignorancia de la ley”, irrespetando de esta manera el papel que como profesionales de derecho tienen los abogados y abogadas querellantes, faltando a lo que establece el Código Procesal Penal[1], siendo esto una muestra inequívoca de la arbitrariedad de su actuación frente a la querella.

 

El Juez Orellana también trató de politizar el caso de la querella y las Organizaciones Sociales que les nombraron, haciendo mención que conoce a los coordinares y directores de las organizaciones querellantes, que sabe sobre su pasado político y conoce hasta quienes fueron sus responsables políticos; esto además de ser un argumento inapropiado dentro de la audiencia, y más aún para un funcionario judicial, el cual dicho sea de paso debe estar alejado de emitir pronunciamientos o valoraciones acerca de la política partidaria, demuestra también las graves intenciones de su parte de menospreciar y desprestigiar a los abogados y abogadas querellantes en el proceso, haciéndolosver ante la opinión pública como partícipes de una venganza o revanchismo político.

 

Denunciamos además que en lo referido al traslado ordenado por la Corte Suprema de Justicia, del expediente judicial 51-2014 VEM que se sigue contra el expresidente Flores, la Ley determina que el mismo debe realizarse a la mayor brevedad posible, sin embargo el Juez Orellana manifestó que este traslado sería tardado y que “Él no sería el responsable de cualquier retraso que las diligencias o el mismo proceso tuviera”; lo que nos lleva a estar vigilantes sobre este tipo de conductas ya que en caso de no hacerlo dentro del término de Ley, estará incumpliendo con sus deberes como funcionario judicial y aplicador de justicia, desencadenando así en posibles consecuencias legales y penales.

 

 

San Salvador, 09 de febrero 2015



[1]Art. 131 Código Procesal Penal. “Los jueces y tribunales deberán tratar con todo respeto y decoro a las partes que litigany no podrán coartar el legítimo uso de sus derechos y facultades, sin perjuicio de la potestad disciplinariaque corresponda conforme a la ley.

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