Presidente veta reformas a la LAIP

Iniciativa Social para la Democracia ISD, ante EL VETO PRESIDENCIAL a las reformas a la LAIP, considera que:

Con esto se fortalece la democracia, transparencia y  el  derecho a la participación ciudadana consagrada en los principios constitucionales de que la soberanía que reside en el pueblo, el poder público emana del pueblo y los funcionarios son delegados del pueblo (art. 86 Cn).

La LAIP fue el resultado de un proceso de diálogo, negociación, consulta y consenso político y social en el que participamos organizaciones de la sociedad de la civil, gobierno y partidos políticos, lo que nos llevo a contar con una Ley, que en el ámbito internacional ha sido reconocida como ejemplo y modelo. (El Centro de Democracia y Ley reconoció el 5to lugar a nivel mundial) POR ELLO NOS CONGRATULAMOS por el veto presidencial

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Veto Presidencial Reformas LAIP

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Regulación de los partidos políticos en El Salvador

En el marco del proceso de formulación de la Ley de Partidos Políticos  diversos actores hemos brindado nuestros aportes para que fueran considerados por la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa. En enero de 2011 y Septiembre de 2012 ISD y CREE presentamos a la Comisión referida diversos aportes al anteproyecto de ley de partidos políticos.

I. AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY.

El dictamen no desarrolla las facultades del Tribunal Supremo Electoral para promover y fiscalizar el obligatorio acatamiento de la ley por parte de los partidos políticos, dejando a la ambigüedad que será el responsable de hacer cumplir la ley. Debió precisarse que corresponderá al TSE el reconocimiento y cancelación de la personería jurídica, la intervención en los conflictos internos de los partidos, lo relativo a la fiscalización del patrimonio, origen y manejo de los fondos públicos y privados, entre otros.

II. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE PARTIDOS POLITICOS.

Desde la sociedad civil se propuso establecer que el número de afiliados señalados como requisito para el registro de un partido político se exprese en un porcentaje del padrón electoral (un número de afiliados no menor al equivalente al 1.5 por ciento de inscritos en el padrón electoral total), y no en un número fijo (cincuenta mil), ya que así como está previsto se corre el riesgo de estar actualizando dicho requisito en el tiempo.

El dictamen desconoce la posibilidad de existencia de diferentes categorías de partidos políticos según el ámbito de acción territorial (nacionales, regionales, departamentales o municipales), así como la existencia de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos que puedan proponer candidatos o apoyar candidaturas partidarias a cargos de elección popular.

III. OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En materia de transparencia los legisladores han desconocido el derecho humano de acceso a la información pública ampliamente desarrollado en el Art. 19 del Anteproyecto de ley elaborado por la misma Asamblea Legislativa, y en su lugar han establecido escuetamente obligaciones de publicar sus estatutos, plataformas, organización interna, comunicados, pactos de Coaliciones, entre otros, que no reflejan su grado de transparencia y desarrollo democrático interno. De igual forma, no se obliga a los partidos políticos a revelar los  nombres de los financiadores privados, dejando en duda el origen lícito de tales aportaciones.

IV. DEMOCRACIA INTERNA.

En materia de elección de autoridades y candidatos a cargos de elección popular, se ha desconocido la participación igualitaria de hombres y mujeres en la política, así como de procedimientos democráticos de elección interna, posibilitando que cada partido establezca sus propias regulaciones. Esas disposiciones lejos de institucionalizar la democracia en los partidos políticos y posibilitar la participación especialmente de jóvenes y mujeres, incrementarán la discrecionalidad y autoritarismo a su interior, puesto que sus estatutos favorecen prácticas antidemocráticas y excluyentes de la participación de sus miembros

V. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Este dictamen no prohíbe las aportaciones económicas de personas jurídicas –incluidas  organizaciones privadas transnacionales-, y deja ambigua la posibilidad de recibir aportaciones de Gobiernos extranjeros, no obstante las repercusiones que para la independencia de los partidos tienen tales contribuciones. Esta ley, obvia la naturaleza sui generis de los partidos políticos, pues si bien es cierto son organizaciones de ciudadanos que surgen de forma espontánea a iniciativa de éstos, cumplen una función pública puesto que son los principales medios de acceso al ejercicio del poder político.

El límite de aportación para los particulares que la ley establece, tanto en periodos ordinarios como en preelectorales, es exorbitante, con lo cual es difícil asegurar la independencia de los partidos respecto de las personas que les aportan fondos. Lo anterior, partiendo del hecho que la ley estipula que los particulares en época electoral pueden aportar a los partidos hasta tres punto cinco por ciento del presupuesto especial extraordinario de elecciones que la Asamblea Legislativa apruebe al Tribunal Supremo Electoral. Si se retoma el presupuesto especial extraordinario del TSE en 2012, que fue de $26,841,750, para las elecciones de 2014, un particular puede aportar hasta $939,461.

Finalmente consideramos que prever la deducibilidad del 100% de las aportaciones en dinero que los donantes hagan a los partidos políticos, del Impuesto Sobre la renta,  abre puertas a la influencia determinante de grupos económicos en procesos electorales, con el aliciente que recuperarán, vía impuestos, su inversión política.

Anteproyecto de ley de partidos políticos de la Asamblea legislativa.

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ISD presenta solicitud de veto para las reformas a la LAIP

Lic. Ramón Villalta, Director ejecutivo de ISD, exlica a los medios de comunicación el escrito que fue presentado en casa presidencial.

 

Iniciativa Social para la Democracia RECHAZA el Decreto Legislativo N° 303, que reforma de manera arbitraria la Ley de Acceso a la Información Pública.

Consideramos que estas reformas adolecen de serios vicios de inconstitucionalidad que violentan algunos derechos, preceptos y procedimientos establecidos en nuestra Carta Magna como lo son: El derecho a la Libertad de Expresión en su vertiente de acceso a la información pública (art.6 Cn.), el deber del estado para garantizar el goce y ejercicio del derecho de acceso a la información pública (art. 2 Cn.), la independencia en el ejercicio de las atribuciones de los Órganos de Gobierno en relación al Instituto de Acceso a la Información Pública (art. 86 Cn.) y el proceso de formación de ley (art. 135 Cn.)

Es por ello que PRESENTAMOS al Presidente de la República, Mauricio Funes, SOLICITUD DE VETO PARA EL REFERIDO DECRETO, debido a que dichas reformas constituyen una grave restricción al derecho a la libertad de expresión, que comprende el derecho al acceso a la información pública, porque deja a discrecionalidad y arbitrariedad de funcionarios de los entes obligados para declarar información como reservada, sin ningún lineamiento o criterio objetivo; habilitando la opacidad y abriendo portillo a la corrupción.
Además, la referida reforma:

  • Incorpora otras causales de reserva a partir de conceptos indeterminados, imprecisos y subjetivos como la “seguridad presidencial”
  • Otorga facultad a los titulares de las entidades convocantes para vetar candidatos a Comisionados, alterando con ello el proceso democrático de elección de ternas.
  • Quitan la atribución del Instituto en cuanto a la clasificación y desclasificación de reserva de la información.
  • El procedimiento y espíritu de la reforma ha violado el reglamento interior de la Asamblea Legislativa en lo concerniente a los deberes éticos, relacionado a anteponer siempre el interés público al interés privado.
  • La reforma ha violado el proceso de formación de ley, al aprobarla con dispensa de trámite.
  • Viola principios de derecho internacional en materia de Derechos Humanos, ya que éste señala que las limitaciones al acceso a la información deben ser excepcionales, perseguir objetivos legítimos y estar en concordancia con la prevalencia del interés general y no del particular.

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Grupo Gestor pide aprobar Concejos Municipales Plurales

El Grupo Gestor por Concejos Municipales Plurales ante la indiferencia de la Asamblea Legislativa al postergar la aprobación de las reformas al Código Electoral para la implementación de los Concejos multipartidarios a partir de las elecciones municipales de 2015, a la opinión pública EXPRESAMOS:

  1. Que desde el 25 de agosto de 2009 que presentamos a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley para la integración plural de los Concejos Municipales, no habíamos visto mayor avance en la concreción de dichas reformas hasta el manifestado por la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales el día martes 22 de enero de 2013, cuando por unanimidad de todos los partidos políticos se envió el dictamen favorable al pleno legislativo para su aprobación.
  2. Que en la sesión plenaria del 24 de enero de 2013, el partido ARENA pidió retirar el dictamen favorable para someterlo a consulta con Alcaldes y COMURES, argumentando que dicha consulta estaría concluida en una semana.
  3. Que nos preocupa el hecho de que han transcurrido 20 días desde la sesión plenaria del 24 de enero y el tema no ha sido abordado ni por la Comisión de Reformas Electorales ni por el pleno legislativo, evidenciándose una clara falta de voluntad política para aprobar éstas reformas.
  4. Que para lograr una implementación exitosa de la reforma a partir de las elecciones Municipales de 2015, el TSE, los partidos políticos y la ciudadanía requieren el tiempo necesario para apropiarse de la reforma y generar procesos de construcción de una cultura política democrática basada en el diálogo, consenso y debate de los problemas y necesidades de los municipios.

Por lo antes expuesto, pedimos:

  1. A los diferentes partidos políticos mostrar voluntad para no obstaculizar la aprobación de ésta reforma.
  2. A los diputados de la Asamblea Legislativa, aprobar en la sesión plenaria del próximo 14 de febrero de 2013 las reformas al Código Electoral para la implementación de Gobiernos Municipales Plurales a partir de las elecciones municipales de 2015.

San Salvador, 12 de febrero de 2013

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Reforma a la LAIP viola derechos humanos y abre portillos a la corrupción

René Landaverde miembro de reforma política de  ISD (izquierda), Ramón Villalta director ejecutivo de ISD  (centro), Eduardo Escobar miembro de reforma política de ISD.

Iniciativa Social para la Democracia ISD, ante la aprobación de la reforma a la LAIP, considera que:

Políticamente hay intención de revertir lo dictaminado por la Sala de lo Constitucional en relación a la inconstitucionalidad de algunos artículos del reglamento:

a) Incorporando otras causales de reserva a partir de conceptos indeterminados, imprecisos y subjetivos. Con ello se tiene la intención de proteger a los funcionarios públicos, al incluir el concepto de seguridad presidencial que se extiende a los ex Presidentes y a cualquier funcionario que el Presidente así lo estime; con lo cual cualquier acto de corrupción puede ser protegido, vulnerando las obligaciones constitucionales de los funcionarios públicos (art.245 Cn Los funcionarios y empleados públicos responderán por las daños materiales que causen por la violación a los derechos de la Constitución).

b) Otorga facultad a los titulares de las entidades convocantes para vetar candidatos a Comisionados; alterando el proceso de elección legitimo a través de la participación ciudadana en la conformación del IAIP.  Con esta reforma se viola el derecho de participación ciudadana consagrada en los principios constitucionales de que la soberanía que reside en el pueblo, el poder público emana del pueblo y los funcionarios son delegados del pueblo (art. 86 Cn).

Políticamente hay intención de restringir el derecho del acceso a la información:

  1. Quitando la atribución del Instituto en cuanto a la clasificación y desclasificación de reserva de la información.
  2. Quitando el poder coercitivo de tipo administrativo para obligar a brindar la información a los entes obligados y la limita a una acción de recomendación.
  3. Quita el poder administrativo de sancionar por el cometimiento de infracciones al no brindar información por parte de los entes obligados.
  4. Legaliza la discrecionalidad y arbitrariedad de funcionarios de los entes obligados al dar la facultad de declarar información reservada, sin ningún lineamiento o criterio objetivo; habilitando la opacidad y abriendo portillo a la corrupción.

La Ley fue el resultado de un proceso de diálogo, negociación, consulta y consenso político y social en el que participamos organizaciones de la sociedad de la civil, gobierno y partidos políticos, lo que nos llevo a contar con una Ley, que en el ámbito internacional ha sido reconocida como ejemplo y modelo.  (El Centro de Democracia y Ley reconoció el 5to lugar a nivel mundial)

Con la reforma, atacan la esencia del derecho, en este caso del acceso a la información pública, ya que lo limita indebidamente y deja a la discreción del funcionario determinar qué información brinda o no, pudiendo recurrir al mecanismo de la declaratoria de reserva sobre cualquier tipo de información. Se violan principios constitucionales tales como el que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado (art. 1 Cn), la garantía y protección de los derechos, así como los derechos de libertad de expresión y derecho de petición y respuesta (art. 2 y 18 de la Cn); además violan los principio de máxima publicidad y de buena fe reconocidas por el derecho público internacional.

El procedimiento y espíritu de la reforma ha violado el reglamento interior de la Asamblea Legislativa en lo concerniente a los deberes éticos, relacionado a anteponer siempre el interés público al interés privado.

La reforma ha violado el proceso de formación de ley que la Cn establece en el art. 135, por recurrir de forma indebida al mecanismo de dispensa de trámite, el cual solo puede ser utilizado en casos de urgencia, y la Asamblea no justificó razón alguna que indique la urgencia de aprobar la misma.

Esta reforma viola principios de derecho internacional en materia de Derechos Humanos, ya que éste señala que las limitaciones al acceso a la información deben ser excepcionales, perseguir objetivos legítimos y estar en concordancia con la prevalencia del interés general y no del particular, (Esto se deriva del art. 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos); la reforma aprobada busca proteger intereses particulares.

La reforma no recoge el espíritu de la declaración conjunta de la ONU-OEA-OSCE en 2004, la cual establece “que las autoridades nacionales deberán tomar medidas activas a fin de abordar la cultura del secretismo, para lo cual deberá incluir el establecimiento de sanciones para aquellos que deliberadamente obstruyen el acceso a la información”.

Esta reforma viola principios de la CICC y la CNUCC que están contemplados en los considerandos de la LAIP referidos al reconocimiento de “que la transparencia, el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana y la obligación de las autoridades a la rendición de cuentas de la gestión pública son herramientas idóneas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción”.

ISD, ante la aprobación inconsulta de la Reforma a la LAIP:

EXIGIMOS al Presidente Mauricio Funes que dado al compromiso adquirido de promover la transparencia y combatir la corrupción, HAGA USO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL DE VETO.

ANUNCIAMOS QUE INTERPONDREMOS demanda de inconstitucionalidad ya que la reforma viola los artículos 1, 2, 18, 133 y siguientes de la Constitución.

PRESENTAREMOS denuncias ante organismos internacionales: Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, al mecanismo de seguimiento de la CICC y la CNUCC.

LLAMAMOS a la ciudadanía a seguir haciendo uso del derecho al acceso a la información, recurriendo a las instancias creadas, activando solicitudes de información y denunciando violaciones de no entrega de información.

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