Organizaciones ven acertada decisiones del Juez en el caso Flores

Organizaciones ven acertada decisiones del Juez en el caso Flores

Las organizaciones sociales Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), reconocemos el muy buen trabajo que las abogadas querellantes Bertha María Deleón, Teresa Naves y René Landaverde junto a un equipo de profesionales del derecho han realizado dentro de la causa judicial, quienes han logrado con sus actuaciones transparentar el proceso, hacer que la institucionalidad jurídica del país funcione, corregir algunas deficiencias en el manejo del expediente y garantizar la correcta aplicación de la norma jurídica y del debido proceso.

El Juez 7° de Instrucción de San Salvador ha retomado la línea de investigación de una manera responsable, producto de ello se ha evidenciado así una serie de irregularidades y retrasos en el manejo del expediente judicial dentro del 1° de Instrucción, entre estas se mencionan una grave alteración en el orden y correlación de los folios en las más de 29 piezas que conforman el expediente judicial, tachaduras, enmendaduras o folios ausentes y otros que no corresponden al correlativo en cada pieza, así como en sus respectivos anexos.

La pasividad que ha mostrado la FGR en el seguimiento y consecución de las diligencias de investigación encomendadas dentro del proceso judicial, es grave, al punto que transcurridos 9 meses de la etapa de instrucción aún se encuentren pendientes una serie de diligencias solicitadas por la querella desde hace más 6 de meses, ante esto, el Juez 7o. de Instrucción advierte que el día 13 de mayo del corriente año es la última fecha para que Fiscalía y Querella presenten su dictamen formal de acusación en contra del imputado Francisco Flores.

Aplaudimos las decisiones del Juez García Arguello de transparentar y garantizar el cumplimiento del debido proceso, mediante la solicitud realizada al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para que designe un delegado permanente de la PDDH que verifique el normal desarrollo del proceso penal en lo que resta de la etapa de instrucción; y la de solicitar a FGR que documente la existencia de la supuesta sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos de América a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de El Salvador, razón por la cual se excluyó del presente caso el informe de inteligencia financiera FINCEN.

La importancia de solicitar nuevas diligencias como la solicitud al Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador remitir el documento original denominado “Informe del Departamento de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China Taiwán”, sobre la cooperación brindada en los años 2003 y 2004; la ampliación del informe escrito solicitado a la Embajada de la República de China Taiwán, acerca de la forma en la que se dio el desembolso de dinero para cada proyecto específico, la fecha exacta de desembolso y a quién se le hizo entrega de las cantidades donadas y el historial de movimientos migratorios de los miembros directivos del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Port, institución que junto al Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se presume recibieron los depósitos procedentes de Taiwan.

Por todo lo anterior exhortamos ala Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional de la Judicatura, para que ante las graves irregularidades encontradas en el expediente, cumplan con sus atribuciones y en el menor tiempo posible realicen una auditoría al expediente judicial del proceso a fin de determinar si existió algún tipo de negligencia o dolo por parte del Juzgado 1o de Instrucción en el manejo del expediente judicial, que pudiese haber generado el extravío o manipulación maliciosa de la información contenida en el mismo.

A la Fiscalía General de la República para que cumpla con su rol dentro de la investigaciones y realice todas las diligencias encomendadas con la mayor celeridad posible y que estas sean incorporadas a la brevedad al expediente judicial, recordando que en caso de no hacerlo estaría incurriendo en responsabilidad penal por omisión de la investigacion.

Al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, para que continúe con su papel garante del debido proceso y el respeto de los derechos humanos de acceso a la información, a la justicia y a la verdad; y al Órgano Ejecutivo, para que mediante sus dependencias -Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia del Sistema Financiero y Ministerio de Hacienda- brinden y permitan toda la ayuda necesaria que el Juez solicite para proveer de mejor manera la sustanciacion de este proceso penal.

Al Juez Miguel Ángel García Arguello, para que con apego al debido proceso continúe aplicando la norma jurídica y no permita la injerencia de ningún tipo dentro del proceso judicial. A las organizaciones de sociedad civil y a la ciudadanía en general, a seguir vigilantes de este y cualquier otro proceso penal en el cual existan indicios de actos de corrupción para cerrar filas en esta lucha que apenas recién comienza.

 

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