ISD Y FESPAD SOLICITAN A SALA DE LO CONSTITUCIONAL QUE ORDENE A JUEZ BRINDAR ACCESO IRRESTRICTO AL EXPEDIENTE JUDICIAL Y SUS ANEXOS

Ver escrito presentado: Petición de cumplimiento de medida cautelar sobre acceso a información completa en caso Flores

Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en su carácter de QUERELLANTES en el proceso judicial que se sigue contra el expresidente presentaron una petición a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a fin que se dé cumplimiento a la medida cautelar decretada dentro del proceso de Amparo 506-2014, promovido en contra del Juez 1ro de Instrucción Levis Italmir Orellana, por no permitir el acceso a la información pública del expediente judicial y sus anexos.

La petición se realiza luego que el Juez Orellana denegara a los querellantes el acceso informe de inteligencia emitido por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), y procediera a la devolución del mismo el día 7 de enero de 2015 al Fiscal de la República, sin haber corrido traslado a las partes para que se pronunciaran al respecto, violando así sus facultades legales que como parte procesal tienen de conocer toda la información que se genere en la causa.

El 5 de enero de 2015, el Fiscal General de la República mediante sus fiscales auxiliares, presentó escrito ante el Juzgado 1ro. de Instrucción de San Salvador solicitando ordenara a toda persona que pudiese tener acceso al expediente del proceso penal que se sigue contra el expresidente Flores, marcado con la referencia 51-14-VEM, abstenerse de hacer mención alguna acerca del Informe Financiero proveniente del FinCEN, y destruir cualquier copia física o digital que obre en poder de esa sede judicial.

El Fiscal General de la República fundamentó su petición en una supuesta sanción emitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en el sentido de ya no compartir información financiera con la Unidad de Investigación (UIF) de la FGR para la investigación de delitos de Lavado de Dinero y Activos, lo que, según el Fiscal General, afectará las investigaciones en curso y las futuras que realicen las autoridades salvadoreñas. Cabe señalar que la representación fiscal no incorporó ni presentó copia de la referida sanción, por lo cual ni el Juez Orellana ni la parte querellante tiene conocimiento acerca de los alcances de la sanción y la fecha de la imposición.

La preocupación de las partes querellantes trasciende porque el Informe del FinCen puede contener datos de gran relevancia que permitan fortalecer la investigación contra el expresidente Flores, en especial fundamentar un nuevo delito como sería el de lavado de dinero, y conocer si existen otros involucrados en el manejo irregular de los fondos provenientes del Gobierno de China-Taiwán.

La parte querellante, con el objetivo transparentar el proceso penal ha presentado esta petición a la honorable Sala de lo Constitucional para que ordene al Fiscal General enviar el Informe del FinCEN nuevamente al Juzgado 1ro de Instrucción,garantizando de la tal manera la integridad del expediente y el acceso para las partes procesales de la información que contiene, entre la que se muy probablemente se encuentren las fechas, montos, personas, beneficiarios y cuentas de destino de las transferencias realizadas por el expresidente Flores y cualquier otra actividad económica que sea susceptible de sospecha.

Recordemos que la reserva total del caso del expresidente Flores fue decretada por el Juez Orellana mediante resolución dictada el 23 de mayo de 2014, la cual motivó a las partes querellantes a presentar una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional para garantizar el acceso total a la información.

Este caso reviste de vital importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pudiendo marcar un precedente en El Salvador en el combate, prevención y erradicación de la corrupción, no importando la clase o estatus social a la que las personas que cometan estos hechos pertenecen.

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